Derecho y Justicia — editorial de Magdalena Vélez. 2026. Sujeto a su aprobación final.
¿De qué nos sirve que la Constitución reconozca nuestros derechos si no sabemos cuáles son, ante quién reclamarlos o cómo defenderlos? La justicia no puede ser una palabra bonita escrita en una pared, ni una promesa que escuchamos cada vez que necesitamos ayuda. Debe ser una realidad en nuestra vida diaria.
Todos hemos conocido una oficina pública que no contesta, un cobro que nadie explica, un contrato que una parte no cumple o un trámite que parece no terminar nunca. Muchas veces, por cansancio, por temor o simplemente por desconocimiento, guardamos silencio. Y ese silencio termina convirtiendo lo que debía ser una excepción en una costumbre. ¡No podemos acostumbrarnos a la arbitrariedad!
Nuestra Constitución reconoce el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. Exige respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica. Esto significa, entre otras cosas, que las autoridades deben actuar con fundamento en normas previas, claras y públicas; que las decisiones que afectan derechos tienen que respetar las garantías de defensa; y que la justicia debe poder reclamarse por las vías legalmente previstas. No significa que todo desacuerdo sea automáticamente una violación constitucional ni que cualquier reclamo se gane por presentarlo. Significa que nadie está obligado a aceptar una actuación arbitraria sin conocer los mecanismos para cuestionarla.
La defensa de nuestros derechos comienza antes de un juicio. Comienza cuando leemos lo que firmamos, pedimos constancia de una gestión, guardamos nuestras facturas, exigimos respuestas y distinguimos un plazo legal de la simple opinión de un funcionario. Comienza, también, cuando cumplimos lo que prometemos. No podemos pedir honestidad si actuamos de mala fe, ni reclamar respeto mientras desconocemos los derechos de los demás.
¿Qué hacer frente a una posible injusticia?
En primer lugar, identifique el hecho concreto: quién tomó la decisión, cuándo, mediante qué acto y cómo le afecta. Conserve los documentos y las comunicaciones. Solicite la explicación o copia de la resolución por la vía pertinente y verifique si existe un plazo para reclamar. Según la naturaleza del problema, puede corresponder una petición administrativa, un recurso, un procedimiento judicial ordinario o una garantía jurisdiccional. No son caminos intercambiables y elegir mal puede perjudicar sus derechos.
No tenemos que conocer todas las leyes, pero sí comprender que el Estado está al servicio de las personas y que los derechos vienen acompañados de responsabilidades. Una sociedad que conoce la ley es más difícil de engañar. ¡NO ES JUSTO que los ciudadanos debamos resignarnos a la arbitrariedad por desconocer nuestros derechos! Una sociedad que cumple sus deberes y exige que las autoridades cumplan los suyos está mejor preparada para combatir los abusos.
Queremos que el conocimiento jurídico llegue a la madre de familia, al trabajador, al pequeño empresario, al arrendador, al inquilino, al joven que empieza a construir su futuro y a quien siente que nadie escucha su reclamo. Los derechos no son favores que debamos mendigar. Son garantías que debemos ejercer responsablemente, con respeto, pruebas y perseverancia.
¡Conozcamos nuestros derechos, cumplamos nuestras obligaciones y exijamos justicia por los medios que la ley nos ofrece! Porque construir un país más justo no es tarea exclusiva de jueces, autoridades o abogados: es también responsabilidad de todos nosotros.